No es culpa de los conductores

El caos ocasionado en algunas carreteras por las primeras nevadas del año, con cerca de 3.000 coches bloqueados desde el sábado, familias paralizadas hasta 18 horas sin auxilio, escasísimos albergues o lugares donde pasar las horas de mayor frío con algo de abrigo, calor y alimento, han dibujado una fotografía de escasa capacidad pública ante una emergencia tan previsible como la caída de nieve en enero. La concesionaria de la AP-6, la autopista de peaje que sale de Madrid camino de A Coruña culpó a numerosos conductores por no acceder con el equipamiento adecuado; y el director general de la DGT, Gregorio Serrano, se desligó de cualquier responsabilidad pública al asegurar que este organismo había avisado insistentemente del temporal de nieve y que los conductores “o no se han enterado o no han tomado las precauciones necesarias”. Una reacción extremadamente pobre e insuficiente.

El Estado tiene numerosos recursos para reaccionar ante una situación de emergencia como la que se vivió este fin de semana: desde desplegar máquinas para echar sal a enviar quitanieves y grúas o cortar tramos de circulación imposible por la nieve y los vehículos acumulados. Y una vez comenzado el desastre, también debe ser capaz de asistir a la población afectada con información concreta, alimento, bebida, mantas o acceso a refugios improvisados. Nada de ello, o en escasísimas dosis, ocurrió en la noche del sábado a domingo, a tenor de los múltiples testimonios de angustia y abandono que padecieron los bloqueados.

Los ministros de Fomento y de Interior tendrán que explicar a fondo por qué no se cortaron los accesos, no se asistió a las víctimas y no funcionaron a tiempo las quitanieves y la sal. Un Estado moderno debe distinguirse por evitar o mitigar situaciones de emergencia tan primarias como las provocadas por la climatología y, en caso de producirse, por aminorar sus consecuencias. Ninguna de esas cosas ocurrió.