Emily O’Reilly, la voz de los europeos
EMILIY O'REILLY se levanta cada día con una misión: defender a los ciudadanos de los abusos que pueda cometer la poderosa maquinaria administrativa de la UE. Esta irlandesa, de 59 años, es la primera mujer en desempeñar el cargo de defensora del pueblo europeo y su poder reside en dejar en evidencia a políticos y funcionarios cuando demuestra que han cometido mala praxis o cuando no son todo lo transparentes que deberían. Su despertador puede sonar en su céntrico piso de Estrasburgo, donde vive actualmente, o en la solitaria habitación de un hotel de Bruselas, ciudad que alberga parte de sus funciones. Lo que no cambia es su difícil cometido. Hoy se encuentra en la capital belga para afrontar varias reuniones clave. A primera hora se ha visto con un equipo de Frontex (la agencia europea de vigilancia de costas y fronteras) –“estamos trabajando con ellos para asegurarnos de que se cumplen los derechos humanos”–. Y esta tarde se quedará trabajando en la oficina que tiene en el barrio de Schuman. “Me paso el día en edificios enormes y muchas veces necesito salir”, dice a mediodía en la librería italiana Piola Libri, uno de los refugios que esta antigua periodista ha descubierto cerca de la sede de la Comisión Europea. O’Reilly es directa, cercana y habla con la legitimidad que le da ser una figura independiente. Esto no le salva de algunas críticas en el seno de las instituciones europeas. “Los ciudadanos no quieren escuchar discursos abstractos sobre los niveles de democracia. Lo que desean es tener un empleo estable, que sus hijos tengan acceso a una buena educación”, dice.
“O’Reilly ha despertado una oficina adormecida”, opina Carl Dolan, director de Transparencia Internacional.
En una UE a la deriva, herida de gravedad por el golpe del Brexit, sin un liderazgo fuerte capaz de hacer frente a los desafíos de la globalización y con una Francia que se juega hoy en las urnas el ascenso al poder de la ultraderechista Marine Le Pen, voces como la de O’Reilly aportan algo de luz al proyecto comunitario. “Tenemos que recuperar la confianza de la gente”, repite con insistencia. Ella es una europeísta convencida que quiere demostrar que la figura que representa está ahí para “escuchar y proteger al ciudadano”. Pero es consciente de su limitada capacidad de actuación. Como sus decisiones no son vinculantes, lo único que la defensora del pueblo europeo puede hacer es dar voz a los miles de reclamaciones que recibe de particulares, empresas u organizaciones (unas 2.000 al año) y reprender a las instituciones europeas cuando demuestra que han cometido un agravio.
La mayor parte de las quejas que llegan a este órgano independiente – que maneja un presupuesto de más de 10 millones de euros– están relacionadas con la falta de transparencia y el difícil acceso a los documentos públicos. “Por ejemplo, muchos ciudadanos españoles recurrieron a nosotros porque querían tener más información sobre el TIPP, el tratado comercial entre la UE y Estados Unidos. Se quejaban de que la Comisión no les facilitaba la lectura de informes específicos sobre las negociaciones”, cuenta Gundi Gudesman, jefa del gabinete de comunicación de O’Reilly. Las reclamaciones también tienen que ver con las políticas aprobadas en Bruselas y los procedimientos de selección del personal comunitario. España es el país que más veces recurre a la defensora, seguido de Alemania, Polonia y Bélgica.
La irlandesa ya lleva cuatro años ejerciendo el cargo de ombudsman (palabra sueca que se refiere al defensor del pueblo y que se ha generalizado en todo el mundo). Fue elegida por el Parlamento Europeo entre seis candidatos. Su anterior experiencia como defensora en Irlanda y su excelente manejo de la comunicación fueron sus principales avales. Por primera vez una mujer ocupaba este simbólico mandato que tiene una duración (renovable) de cinco años. Desde entonces O’Reilly ha utilizado los recursos que ha tenido en su mano para dar mayor visibilidad a una oficina bastante desconocida. Una de sus mejores armas ha sido la comunicación. Cuando llegó reforzó este gabinete, y ha aumentado su presencia en actos públicos y viajado a los países para ponerle cara a las quejas de la gente.
Su segunda gran aportación ha sido reactivar una facultad en desuso por los anteriores ocupantes del cargo: la apertura proactiva de investigaciones estratégicas en las que aborda temas que ella sabe que pueden tener impacto en la opinión pública europea, como la falta de transparencia en la toma de decisiones en el seno de la UE o la siempre cuestionable relación entre los lobbies y Bruselas. Una manera de proceder que le ha cosechado grandes elogios entre algunos de los principales actores de la escena comunitaria. “Ha despertado un organismo que estaba adormecido y se ha hecho respetar por las instituciones”, destaca Carl Dolan, director de Transparencia Internacional. “El poder de la ombudsman es un poder blando que debe usarse estratégicamente”, opina la europarlamentaria irlandesa Marian Harkin. “O’Reilly está haciendo un excelente trabajo en ese sentido”.
Antes de dar el salto a la Administración pública, O’Reilly fue una de las periodistas más reconocidas de Irlanda. “Siempre conseguía que los políticos le revelaran información que nadie más conseguía”, explica Pat Leahy, editor de política del diario The Irish Times, que coincidió con ella en The Sunday Business Post cuando él apenas era un informador raso, y ella, la estrella de la redacción. Su carrera dio un vuelco en 2003, cuando aceptó la propuesta de Charlie McCreevy, entonces ministro del partido conservador Fianna Fáil, para presentarse como candidata a la oficina nacional del Defensor del Pueblo. Ocupó ese puesto durante 10 años. “Nunca pensé que podría dedicarme a otra cosa que no fuera escribir”, prosigue esta mujer de ojos azules y melena rubia, sentada en un pequeño taburete de la librería Piola Libri. “Pero siempre me ha interesado todo lo que tuviera que ver con la ética. Mi nueva labor seguía estando entre el ciudadano y la Administración”.
Algunos de sus colegas sospechan que el Gobierno la eligió para que dejara de causarle dolores de cabeza con sus incisivas crónicas. Otros creen que es el ejemplo más evidente de la relación de O’Reilly con el establishment. En aquellos años era conocida como la ambición rubia. “Sus artículos eran superiores a los del resto y eso le generó muchos recelos”, defiende Leahy desde The Irish Times. A ella parecen no importarle esos comentarios. Es una mujer con carácter, que “siempre ha luchado por lo que cree”, dice Bernie McNally, que coincidió con O’Reilly en la oficina del Defensor del Pueblo irlandés. Ahora su obsesión es Europa, y su propósito, sacar a relucir las deficiencias del sistema. Como hizo el año pasado con el caso de puertas giratorias abierto con el fichaje de José Manuel Durão Barroso (expresidente de la Comisión) por la financiera Goldman Sachs. La propia institución investigó el asunto y resolvió que el portugués no había incumplido la ley. Pero la defensora sigue insistiendo en que se tomen más medidas de transparencia sobre los puestos ocupados por los ex altos funcionarios. Porque el caso de Barroso no es una excepción. Según Transparencia Internacional, el 50% de quienes dejaron el Ejecutivo comunitario y el 30% de los diputados que dejaron el Parlamento Europeo en 2014 trabajan ahora para las organizaciones registradas como lobbies de la UE. “Este tipo de situaciones transmite un mensaje muy negativo”, sentencia O’Reilly con el gesto fruncido. Justo después cierra por unos segundos su boca pintada de rosa, a juego con el vestido azul marino que luce hoy. Luego suspira y añade: “Tenemos que recuperar la confianza de la gente y esto no ayuda en nada”.
“La gente no quiere oír discursos abstractos sobre democracia. Quiere un trabajo estable”, dice O’Reilly.
Es la una de la tarde y empieza a oler a comida en esta librería que tiene menú del día. Ella prefiere seguir tomando agua. Dice que “ya ha picado algo” antes de la cita en este local regentado por un italiano hipster y ubicado en el centro de Bruselas. A unas manzanas de aquí está la oficina del Defensor del Pueblo en la capital belga, que ocupa tres plantas de un moderno edificio acristalado donde trabajan 37 empleados, la mitad de su equipo. La otra mitad (miembros del gabinete, personal del registro de quejas y administración, entre otros) se encuentra en Estrasburgo, en la sede oficial de este órgano, donde reside O’Reilly.
Mientras ella pasa mucho tiempo recorriendo los 440 kilómetros que separan ambas ciudades, parte de su familia (tiene cinco hijos, veinteañeros la gran mayoría) sigue en Dublín. Cuando puede, O’Reilly viaja hasta la capital irlandesa y asiste a dos clubes de lectura. “También toco la flauta y me encantaría apuntarme a un curso de música, pero con la vida que llevo no es fácil”, confiesa entre risas echando por tierra esa pose seria e imponente que puede aparecer cuando uno menos se lo espera. Hija de un empleado del servicio eléctrico y de un ama de casa, O’Reilly fue la primera de la familia en ir a la universidad. Estudió Lenguas Europeas y se sacó un diploma en Educación. Pero a los 24 años se decantó por el periodismo, para disgusto de su madre. “Pasaron muchos años hasta que se convenció de que mi decisión fue la acertada”, recuerda. En su entorno aseguran sobre ella que “es muy cercana, nada clasista, por eso tiene esa facilidad en humanizar los casos”, dice Gundi Gudesman, su jefa de comunicación. Su departamento es uno de los que más han crecido tras la llegada de O’Reilly. Antes eran 7; ahora 10. Pero sin duda, la unidad con mayor número de integrantes es la legal, con una treintena de juristas que se encargan de estudiar una a una las miles de reclamaciones que tramitan al año. En su informe anual de 2015 (el último publicado hasta la fecha) se recoge que resolvió casi 280 casos de su competencia.
Muchas de las quejas registradas no están dentro del mandato de la ombudsman y pueden referirse a temas nacionales. En esos casos, los abogados las derivan a los defensores de cada país. “Por ejemplo, en 2015 recibimos 323 reclamaciones de España sobre corrupción regional, deterioro del sistema de salud o las pensiones, pero solo abrimos 27 investigaciones relacionadas con nuestra función”, explica Gudesman. Además, la oficina asesoró a unos 14.000 ciudadanos a través de su página web.
Para presentar una queja a la ombudsman contra el acuerdo de la UE y Turquía para la reubicación de los refugiados al país euroasiático, lo primero que tuvo que hacer Nuria Díaz, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), fue rellenar el formulario online. “Después de varias semanas viajando por Grecia comprobamos los devastadores efectos de ese pacto”, relata esta abogada especialista en temas de asilo. “Necesitábamos hacer algo. Por eso acudimos a la defensora, a la Comisión y al Consejo de Europa”. Solo obtuvieron respuesta de la primera. Tres meses después, el gabinete de O’Reilly instó a la Comisión Europea a que diera explicaciones a esta ONG sobre el asunto. Después de haber analizado los argumentos de ambas partes, la defensora ha reprochado al brazo ejecutor de la UE no haber analizado las consecuencias de dicho acuerdo para los refugiados y les ha pedido que realice una evaluación más profunda de su impacto sobre los derechos humanos. “Nos alivia saber que hay una voz representativa internacionalmente que nos escucha”, comenta Díaz. “Ahora podemos utilizar esta recomendación para seguir luchando”, añade.
En el 90% de los casos, las instituciones cumplen las resoluciones no vinculantes de la defensora. Pero no todos las comparten. Algunas voces en el seno de los organismos europeos critican off the record su “exceso de protagonismo” o “la falta de rigor en el planteamiento de algunos de sus casos”. A Sergio Carrera, investigador del think tank Centre for European Policy Studies, no le extraña el recelo que despierta O’Reilly. “Está tocando temas muy controvertidos, como las negociaciones a tres bandas entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo en el proceso de legislación de la UE”, explica en referencia a la investigación sobre estos procedimientos exprés de toma de decisiones, perfectamente legales, que definen las vidas de los europeos y que permite que el 80% de las leyes comunitarias se aprueben de manera muy rápida. El problema, según denuncian parlamentarios y distintas asociaciones, es la opacidad de esas reuniones informales. La oficina de la ombudsman les ha propuesto, entre varias medidas, hacer públicas las agendas de esos encuentros, publicar un resumen de lo que se debate y conocer el nombre de sus participantes. Los tres organismos se han comprometido a arrojar más luz sobre este asunto. Pero extraoficialmente algunos creen que la defensora va demasiado lejos con “sus exigencias de transparencia absoluta” y recuerdan lo difícil que es que 27 países se pongan de acuerdo. Defienden la necesidad de ser cautos con el contenido que sale a la luz para evitar malos entendidos que pueden truncar una negociación. “Pocos sistemas en el mundo son tan transparentes como el nuestro”, dice una voz de la Comisión que prefiere mantener el anonimato. Son pocos los que se atreven a evaluar abiertamente a O’Reilly, blindándose en la respuesta oficial de sus gabinetes de comunicación.
Ella se centra en valorar los esfuerzos de las instituciones: “Se habla poco de las cosas positivas que hace Bruselas, y son muchas. Echamos la culpa de todo a la UE y ahí nos equivocamos”. Recuerda que su cometido es “hacer aún más transparente, sencilla y cercana” la Administración europea. Aspira a dejar ese legado. Siempre le ha gustado sentir que participa en la historia para escribirla. Faltan dos años para que acabe su mandato y algunos sectores de Irlanda rumorean que podría ser candidata presidencial. Tablas no le faltan, pero ella solo piensa en seguir vigilando a las instituciones. Mientras se recoge un mechón de su media melena rubia detrás de la oreja derecha, deja relucir un original pendiente con forma de imperdible del que cuelga una perlita blanca. “Me lo compré en un mercado de Dublín, ¿le gusta?”. Como para decirle que no a la guardiana de Europa.
