Colau fracasa en sus dos objetivos: turismo y vivienda

Hace dos años y medio, los problemas relacionados con la vivienda y la gestión del turismo auparon a Ada Colau y su partido, Barcelona en Comú, a la alcaldía de la capital catalana. Fue una victoria justa, por 17.000 votos. Solo 11 concejales, en un Consistorio de 41, que gobernaron en minoría durante un año, hasta mayo de 2016, cuando pactaron con el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), encabezado en el Ayuntamiento por Jaume Collboni.

Un matrimonio de conveniencia en el que los cuatro concejales del PSC aportaron estabilidad, acercándose a sectores económicos y de la cultura, y aligeraron la carga de trabajo del equipo de Colau. El acuerdo ha durado un año y cinco meses. Acaba de saltar por los aires por una cuestión ajena a la gestión municipal: el apoyo de los socialistas al Gobierno central en la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Generalitat.

Dos años y medio después de la victoria electoral, Colau vuelve a estar sola en el gobierno de una ciudad donde la principal preocupación de los ciudadanos es el turismo y que el verano pasado, con cifras récord de visitantes, sufrió por primera vez ataques contra intereses turísticos, mientras los sectores económicos afearon a la alcaldesa la criminalización del sector.

La cuarta preocupación de los barceloneses, después del paro y el tráfico, es el acceso a la vivienda, una inquietud que tiene origen en que los desahucios no se han frenado y en una subida desconocida hasta ahora de las rentas de alquiler que ha provocado que sea casi imposible pagar menos de 800 euros al mes.

Lo dice la última encuesta municipal, realizada a comienzos del pasado verano, antes del atentado yihadista de La Rambla y del punto álgido de la crisis política entre los Gobiernos catalán y español. La gestión de los problemas del alquiler ha provocado incluso críticas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la asociación que fundó Colau y donde creció políticamente, que le reprocha que —aparte de las cuestiones en las que no tiene competencias— no haya terminado el censo de pisos vacíos o el índice de referencia del alquiler. Colau tampoco ha logrado reducir la brecha social entre barrios: la diferencia se ha frenado, pero sigue habiendo 53 (de 73 barrios) por debajo de la media y el número de familias con rentas medias se ha desplomado.

Con todo, en lo que va de mandato, la alcaldesa se ha centrado precisamente en estas tres problemáticas: turismo, vivienda y desigualdad. En turismo ha logrado sacar adelante el PEUAT, un plan urbanístico inédito que prohíbe hacer más hoteles en el centro de la ciudad y centrifuga los nuevos proyectos a la periferia (el plan no evitó 72 proyectos en marcha que tenían derechos adquiridos, pero sí frenó 33); además, ha puesto en marcha un plan de choque para detectar pisos turísticos ilegales, una cruzada que ha permitido cerrar más de mil apartamentos, una quinta parte de los que operan sin licencia.

En vivienda, el gobierno de Colau ha aprobado un ambicioso plan para ampliar el parque público de alquiler de 6.500 pisos a 10.000 que incluye medidas novedosas como la creación de una sociedad mixta para construir y gestionar nuevos pisos; o aprovechar la edificabilidad no agotada de la trama construida para trufar cualquier barrio de la ciudad con alquileres asequibles. La sociedad todavía no se ha constituido, pero el consistorio ha activado suelo público para construir más de mil pisos de alquiler asequible.

Y para luchar contra la brecha social, la alcaldesa ha replicado la aplaudida ley de barrios que hizo el tripartito de izquierdas de la Generalitat y ha puesto en marcha un plan, con 150 millones de inversión, que se centra en los endémicamente olvidados de la ciudad, los que tocan al río Besòs.

Moratorias de licencias

Otra de las fórmulas de gestión del equipo de la alcaldesa han sido las moratorias en la concesión de licencias para locales de pública concurrencia. Una medida preventiva aplicada en zonas muy presionadas por el ocio nocturno o por el turismo (Ciutat Vella, Poble Sec, Sants o Sant Antoni) que tiene por objetivo estudiar la oferta existente y decidir qué crecimiento se permite y dónde.

Queda un año y medio de mandato en el que no hay que ser adivino para prever que el contexto político seguirá interfiriendo en la actividad municipal. De la habilidad de Colau y la estrategia de una oposición hasta ahora blanda dependerá que, aparte de las tres carteras citadas, el equipo de la alcaldesa pueda materializar otras promesas electorales. Colau prometió en su programa unir por la Diagonal los dos tranvías que existen en los extremos de la ciudad. También la creación de una funeraria pública, la reforma de la ordenanza de terrazas de bares y restaurantes, la de civismo, la remunicipalización del agua, un nuevo plan de usos en Ciutat Vella o construir vivienda en la antigua cárcel Modelo. Dependerán del apoyo político que la alcaldesa reciba. Será difícil. Ayer, la comisión de Economía logró tramitar el presupuesto por su voto de calidad: hubo solo 11 votos a favor (los del gobierno), 11 en contra (Ciudadanos, el PP y la CUP) y 19 abstenciones (PDeCAT, ERC, el PSC y el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy).