Maduro quiere refinanciar la deuda externa de Venezuela
La decisión da a entender que el Estado no tiene capacidad para cumplir con los siguientes plazos
El régimen de Nicolás Maduro pagará a partir del viernes un bono emitido por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por 1.121 millones de dólares, pero después de cumplir con este compromiso ha dejado claro que pretende refinanciar toda la deuda externa. Al ordenarle al vicepresidente Tarek El Aissami que negocie con los tenedores de bonos, el jefe del Estado ha dado a entender que no está en capacidad de cumplir con los siguientes vencimientos.
Maduro anunció esta decisión en una alocución transmitida en televisión y la radio del país, y calificó el proceso como una lucha “contra el bloqueo y la persecución extranjera que sufre Venezuela”. Dijo que necesita “reformatear los pagos de este año” para cubrir las necesidades del país, que se ha quedado con poco dinero en efectivo para cancelar importaciones en el afán de pagar puntualmente a todos sus acreedores.
Este es el segundo desembolso hecho en una semana. El viernes pasado Pdvsa canceló 842 millones de dólares para cubrir en parte los bonos que vencerán en 2020 más los intereses. El gobierno y Pdvsa, la empresa más importante del país, deben depositar a los tenedores de bonos entre octubre y noviembre más de 3.500 millones de dólares en concepto de capital e intereses.
Esta liquidación evitó de nuevo la tan temida suspensión de pagos, pero también puso a la nación en aprietos. Ante el declive de la actividad privada debido a las condiciones que impone el modelo de desarrollo chavista, el régimen decidió suplir la producción nacional importando toda clase de bienes. Pero el declive de los precios del petróleo y de la producción de crudo -de 3,2 millones en 1999 a 1,9 millones en octubre de 2017- ha creado una situación de escasez y desabastecimiento sin precedentes en toda la historia republicana.
Con las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump a mediados de agosto, Venezuela luce asfixiada. Maduro, de hecho, se declaró como una víctima de la discriminación de la banca internacional durante su comparecencia. Esas medidas -tomadas luego de la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente, no reconocida en casi toda América y Europa- le impidieron ofrecer en los mercados de capital entre 3.500 y 5.000 millones de dólares, reveló. Desde agosto Washington prohíbe “negociaciones en deuda nueva y capital” emitidas por Pdvsa y el gobierno, además de las “negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al gobierno de Venezuela”.
Se estima que la deuda externa total del país es de unos 150.000 millones de dólares. Gran parte de ella está en manos de China y Rusia y será pagada en petróleo. Venezuela tiene menos de 10.000 millones de dólares en reservas de moneda extranjera. Todo ese panorama ha llevado a las agencias de calificación crediticia a advertir el riesgo de incumplimiento de pago de la deuda venezolana. Con todo, Maduro ha pagado 71.700 millones de dólares en capital e intereses.
Maduro ha responsabilizado al presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, de gestionar la imposición de estas medidas, y pidió al Ministerio Público que lo juzgue por traición a la patria. Durante toda su gestión Borges ha golpeado muy fuerte el corazón del régimen al advertir a las bancas de inversión que las deudas contraídas por la nación sin la autorización del Parlamento, que hoy controla la oposición, no serán reconocidas.
La decisión de Maduro parece anunciar un cambio en las prioridades de su gestión. El año que viene habrá elecciones para escoger al presidente de la República y las campañas del chavismo siempre están apuntaladas por un generoso gasto público. En las actuales condiciones es imposible que el chavismo pueda repetir una campaña presidencial de las dimensiones del pasado.
Una vez que culminó la alocución se inició una intensa campaña a través de los medios oficiales no solo para demostrar que el régimen ha honrado sus deudas, sino para denunciar que el aumento del riesgo país es parte de una componenda del mercado para liquidar a la llamada revolución bolivariana. Entrevistado por el canal oficial Venezolana de Televisión, el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, insistió en el sesgo ideológico que tiene la batalla. “La oligarquía quiere apoderarse del país sin tomar en cuenta al pueblo. Toda esta guerra económica -como el chavismo denomina a la crisis económica- es para sacar al pueblo del gobierno”. Entonces, el periodista que lo entrevistaba acotó: “No podrán con nosotros porque somos los hijos de Simón Bolívar”.
