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La justicia europea avala el esquema de reparto de refugiados en la UE

El tribunal de Luxemburgo rechaza los recursos que presentaron Hungría y Eslovaquia

Varios migrantes desembarcan en Creta (Grecia) tras ser rescatados de una patera de madera a principios de septiembre de 2017.Vídeo: COSTAS METAXAKIS (AFP) / REUTERS-QUALITY
Lucía Abellán

El mecanismo de reparto de refugiados diseñado por la Comisión Europea se ajusta al derecho comunitario. Este es el veredicto del Tribunal de Justicia de la UE sobre el controvertido plan impulsado hace casi dos años —con el visto bueno del Consejo Europeo, que representa a los Estados— para hacer frente a la crisis migratoria. La sentencia, divulgada este miércoles, desestima los recursos de Hungría y Eslovaquia, que habían rechazado acoger a los demandantes de asilo arribados a Grecia e Italia —los países más colapsados— por entender que la medida no estaba justificada y que incurría en defectos de forma.

La decisión del tribunal zanja las dudas sobre este esquema de distribución, un instrumento de emergencia que ideó Bruselas para que el resto de los países comunitarios aliviaran a Italia y Grecia de la presión que sufrían. El fallo se produce unos días antes de que expire el programa, que entró en vigor el 26 de septiembre de 2015, con un plazo de dos años. La sentencia admite el principal problema de este instrumento, su escasa aplicación, pero lo atribuye a “la falta de cooperación de determinados Estados miembros”, que no enumera. “La validez de la decisión no puede cuestionarse a partir de apreciaciones retrospectivas sobre su grado de eficacia”, zanja la institución, con sede en Luxemburgo.

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A pocos días de que venza el plazo, el porcentaje de reubicados se sitúa en el 17% de los 160.000 inicialmente previstos, aunque el mecanismo se adoptó en dos fases: una primera, de 40.000 candidatos, y una segunda de 120.000. La decisión del tribunal solo afecta a la segunda. La Corte rechaza todos los argumentos de los Gobiernos húngaro y eslovaco, que consideraban contradictoria la adopción de dos planes diferentes en un periodo tan corto de tiempo y pedían su anulación. Esa segunda medida de reparto queda avalada por "la nueva afluencia [de personas], de una amplitud sin precedentes", según recoge la sentencia. La UE recibió a más de un millón de desplazados en todo 2015.

Hungría y Eslovaquia se escudaban en una batería de motivos técnicos (fallos de procedimiento, falta de proporcionalidad y hasta los usos lingüísticos del programa) para justificar un rechazo eminentemente político. Ambos países alegaban que la decisión de Bruselas no había seguido un procedimiento legislativo ordinario y que se había adoptado por mayoría cualificada, no por unanimidad. La sentencia desestima ambos argumentos: respalda la idea de que no se podía aliviar a Grecia e Italia “con medidas menos restrictivas [que el mecanismo de reparto]” y recuerda que los tratados comunitarios permiten “adoptar todas las medidas provisionales necesarias para hacer frente de manera efectiva y rápida a una situación de emergencia” como era la afluencia repentina de desplazados.

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Pese a la victoria en el tribunal, el mecanismo de distribución de refugiados con cuotas asignadas a cada Estado ha resultado poco exitoso. El principal motivo ha sido la falta de cooperación de la mayoría de los países. Pero incluso los que lo han aplicado lo han hecho en una proporción muy inferior a la prevista. Una de las razones es que la Comisión incluyó inicialmente a Hungría como país beneficiario del mecanismo para que pudiera enviar a otros socios comunitarios 54.000 de los demandantes de asilo llegados a su territorio. Sin embargo, el Gobierno de Viktor Orbán rechazó participar y esa bolsa de refugiados nunca se repartió. Además, las condiciones eran muy estrictas: solo se podía reubicar a demandantes sirios, eritreos e iraquíes, lo que ha dejado fuera a casi todos los que llegan a Italia, que en su mayoría presentan perfil de migrante económico, no de refugiado.

Polonia ha respaldado la posición húngara y eslovaca, mientras que Alemania, Francia, Grecia, Italia y otros tres países se han pronunciado a favor del Consejo Europeo, según explica el tribunal. En el caso de Polonia, su apelación se basa en una encendida defensa de un concepto poco compatible con las normas europeas: la "homogeneidad étnica". El Gobierno de Varsovia alega esa falta de diversidad en Polonia para rechazar la llegada de unos refugiados que son, en su mayoría, de Oriente Próximo o de África. El tribunal rechaza tajantemente el argumento: "No se pueden tener en cuenta consideraciones relacionadas con el origen étnico de los solicitantes de protección internacional, dado que son palmariamente contrarias al derecho de la Unión".

El cumplimiento del plan no llegará al 25%

Las condiciones sobre el terreno han cambiado tanto en los dos últimos años que hoy solo quedan entre 10.000 y 12.000 personas en Grecia y en Italia que cumplan las condiciones para acogerse al programa de reubicación. El comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, ha instado al resto de países a que acojan ya a ese colectivo menguante. “Si los países que no han acogido no cambian de postura, consideraremos aplicar la última fase del procedimiento de infracción, es decir llevarlos al Tribunal de Justicia de la UE”, ha advertido Avramopoulos.

El comisario aludía a Polonia, Hungría y República Checa, a cuyos Gobiernos Bruselas abrió expediente en junio por no aplicar las decisiones de distribución de asilados. Pese a todo, el programa ha fracasado respecto a su meta inicial: cuando expire, apenas habrá logrado recolocar a 40.000 personas, menos del 25% del total previsto.

Las reacciones iniciales no invitan a pensar en un giro. El ministro húngaro de Exteriores, Peter Szijjarto, ha considerado la decisión del tribunal “terrible e irresponsable”. Avramopoulos ha respondido: “En los países europeos que se rigen por el Estado de derecho, los jueces son independientes”.

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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