Los taxistas de Málaga piden una tasa para los VTC en la Feria y otros eventos

El sector del taxi andaluz ha trasladado a la Junta de Andalucía una serie de peticiones en defensa de su negocio y contra las plataformas de alquiler de coche con conductor –Cabify, Uber y otras- que usan licencias VTC y a las que denuncian por intrusismo. Entre las peticiones, algunas están enfocadas al conflicto que se vive estos días en Málaga, donde los taxistas están en huelga desde que el domingo comenzase la Feria de Agosto en protesta por la presencia en la ciudad de una treintena de coches de Cabify procedentes de Madrid enviados para reforzar la flota de la empresa en la ciudad. Por ejemplo, demandan al ayuntamiento malagueño que declare al taxi transporte oficial de la Feria o que imponga una tasa específica a estos vehículos en la “Feria y eventos similares”, cuando hay más demanda de transporte, “que permita el control previo de los inscritos en este año y sucesivos”.

Ambas medidas forman parte de la batería de peticiones que ha presentado la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) al consejero de Fomento de la Junta andaluza, Felipe López, en la reunión que han mantenido esta mañana en Sevilla. Al término de la misma, tanto el portavoz de los taxistas de Málaga, Juan González, como el presidente de la FAAT, Miguel Ruano, se han mostrado satisfechos con algunos compromisos del consejero. González, no obstante, ha precisado que la decisión de continuar o no con la huelga la tomarán esta tarde en asamblea los taxistas malagueños. Según ha informado EFE, López se ha comprometido a que la Junta establezca un banco de datos con las licencias VTC existentes en Andalucía para poder intensificar la labor de inspección, entre otras medidas.

Los taxista malagueños han exigido también la retirada de los coches de Cabify enviados desde Madrid y mayor control para evitar "el establecimiento de paradas de hecho o clandestinas por los vehículos VTC", que tienen prohibido captar clientes en la calle, como hacen los taxis. Exigen que se controle que no están parados en puntos clave como el aeropuertos o la estación de tren con la aplicación abierta "en estado de captación de clientes".

Las peticiones de la FAAT a la Junta incluían también la retirada inmediata de todos los VTC no domiciliados en Andalucía “hasta que se realice un control previo de las jornadas” que pueden realizar los conductores de fuera en la comunidad andaluza. Según ha explicado la empresa Cabify a este periódico, la legislación permite que un conductor VTC de una comunidad opere en otra siempre que no sobrepase el 20% de su facturación trimestral fuera de su comunidad de referencia. También han pedido mayor control de esos vehículos para asegurar que “han sido previamente contratados, portan contrato u hoja de ruta” –estos coches no pueden captar clientes en la calle, sino que tienen que ser contratados previamente- y que están domiciliados en Andalucía.

De forma “urgente pero no inmediata”, el taxi reclama que se revise el marco jurídico del sector, en concreto una reforma de la Ley andaluza de ordenación del transporte de viajeros para que se establezcan requisitos para la obtención y explotación de licencias VTC. Exige también más medios y dinero para las inspecciones y “todas las acciones necesarias” para garantizar que se aplique la proporción de una licencia VTC por cada 30 taxis que recoge el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre, que no obstante también autoriza a las comunidades a modificar esta proporción. Ayer, fuentes de los taxistas malagueños indicaron que la proporción en Málaga es ahora de 1 VTC por cada cinco taxis.

Piden también que se exija formación específica a los conductores VTC, mediante un “Certificado de Actividad Profesional (CAP) u otro similar específico para los conductores, que integre el uso de nuevas tecnologías, formación en idiomas y en atención al cliente”.

A nivel nacional, piden “medidas antiespeculación” sobre las licencias VTC, como límites temporales a su transmisión, la obligación de desarrollar efectivamente la actividad que permite la licencia o el establecimiento de un porcentaje de servicios que se pueden realizar fuera de la comunidad de referencia.