Un tribunal neoyorquino obliga a España a cumplir el laudo por las renovables

El pasado 27 de junio, el juez del Tribunal Federal del distrito Sur de Nueva York, Lewis Kaplan, reconoció el laudo arbitral dictado el pasado mayo por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, contra el Reino de España y a favor de Eiser Infraestructure y Energía Solar. Eso implicaba la obligación de pagar 128 millones de euros que fijó la sentencia más los intereses acumulados desde el 20 de junio de 2014 a un tipo del 2,07% mensual.

Un día después, el Gobierno español presentó un recurso para anular la sentencia “por eludir requisitos jurisdiccionales y procesales de la ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera". La defensa de España, representada por el despacho Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP, alega que “España no fue notificada antes de la sentencia”, como requiere esa ley.

Eiser y su filial luxemburguesa, cuya defensa está a cargo de Allen & Overy, pidieron el arbitraje en diciembre de 2013 invocando el Tratado de la Carta de la Energía por el recorte de las subvenciones comprometidas para sus tres plantas fotovoltaicas (una en Extremadura y dos en Castilla-La Mancha), con una  inversión comprometida de 935 millones. La decisión a su favor supuso el primer arbitraje que perdía España por la reforma eléctrica del Gobierno del PP. Una vez conocida la sentencia del Ciadi, presentaron la petición de reconocimiento del laudo ante el tribunal neoyorquino.

El laudo del Ciadi declaró que España violó el artículo 10 de la citada Carta de la Energía privando de un trato justo y equitativo a Eiser, fondo ligado a ABN Amro. La sentencia se dictó por unanimidad de los tres árbitros y fue muy contundente acerca de la ilegalidad de la transformación radical del marco regulatorio, como límite del derecho de cada Estado a regular. Los 128 millones a los que condena al Reino de España suponen menos de la mitad de los más de 300 millones que reclamaban.

De seguir esa misma línea en las otras 26 denuncias que hay presentadas por el recorte de las primas, la factura se elevaría a cientos de millones. Las empresas realizaron fuertes inversiones y, cuando el Gobierno cambió las reglas y recortó las subvenciones (primero a finales de 2010, con el PSOE, y luego, en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del Gobierno del PP), las compañías demandaron a España.

El Ministerio de Energía, que anunció que recurriría el auto, manifestó que  “el resultado del laudo no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante”. “Este laudo”, añadíaEnergía, “única y exclusivamente declara, de manera referida a las tres plantas termosolares de los demandantes y en atención a sus particulares circunstancias, que la reforma ha causado a sus titulares un daño que, bajo la singular apreciación del Tribunal, se considera excesivo”. En ese sentido, recuerda que en dos arbitrajes en materia de renovables que han sido resueltos expresamente, “los laudos han dado la razón al Reino de España de manera contundente”.

De hecho, el tribunal de arbitraje no cuestiona el derecho soberano de España de tomar medidas regulatorias apropiadas, lo que potencialmente incluye la modificación realizada. A juicio de Energía, “no cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y 2014 que permitió acabar con el déficit de tarifa”.

En enero 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo se pronunció sobre otra demanda de Charanne B.V. y Construction Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux a favor de España. Ese fue el primer laudo arbitral internacional en resolverse de los interpuestos contra España al amparo del Tratado de la Carta de la Energía.