El juez procesa al expresidente de Murcia por la Púnica

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) que instruye la investigación contra Pedro Antonio Sánchez ha abierto auto de procesamiento al expresidente de la comunidad autónoma por su posible implicación en la operación Púnica. El juez da por terminada la fase de investigación del caso y ha ordenado la continuación del proceso “por los trámites del procedimiento abreviado”. El expresidente está acusado de los delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada.

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El magistrado, Enrique Quiñonero, ha tomado esa decisión solo unas horas después de la declaración de Sánchez este martes por la mañana, en la que ha negado que contratara ningún trabajo con las empresas de la trama cuando era consejero de Educación. Las partes tienen 10 días para solicitar la apertura del juicio oral o el archivo de la causa.

El auto considera que pueden ser “hechos punibles” los contactos de Sánchez con las empresas de la trama, las condiciones negociadas con ellos y el acuerdo de cargar el presupuesto a los fondos de la Consejería y que los trabajos no llegaron a materializarse ni a cobrarse porque la operación policial estalló antes, en octubre de 2014, cuando estaba previsto que comenzasen en noviembre de ese año.

El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha asegurado este martes que nunca solicitó reunirse con los representantes de empresas de la trama Púnica, sino que se encontró con ellos una sola vez, y no cuatro como apunta la investigación judicial, a instancia siempre de esas compañías. Según ha explicado a los medios de comunicación al salir del tribunal, donde ha permanecido unas dos horas, su defensa ha negado que se firmara contrato alguno con la trama, que llegó casi a “acosar” a su secretaria presentando sus propuestas, según ha dicho.

El expresidente ha llegado a mostrar una hoja de pedido de una de las empresas de la trama en la que puede verse un presupuesto de 32.200 euros anuales por realizar trabajos de reputación on line, pero en el que no consta ningún dato, ni tampoco está firmado ni aprobado.

Según el tribunal, Sánchez pudo cometer actos ilícitos en 2014, cuando era consejero de Educación, al acordar con empresas de esa trama la contratación de trabajos para mejorar su reputación en internet. Según la exposición razonada del juez Eloy Velasco, el ex presidente concertó varias citas con representantes de las empresas de la trama y llegaron incluso a acordar el precio de los trabajos, que supuestamente se cargarían a los presupuestos de la Consejería, aunque el contrato no llegó a materializarse porque la trama estalló antes.

Sánchez estaba entonces a punto de entrar en la pugna por ser el candidato del PP a las elecciones autonómicas de mayo de 2015, y esos trabajos pretendían generar información positiva que contrarrestara las noticias sobre su posible implicación en el caso Auditorio, por el que también está imputado y le llevó a declarar ante el TSJ hace justo tres meses, el 6 de marzo. El pasado viernes 2 de junio, el fiscal del TSJ solicitó la apertura de juicio oral contra Sánchez y otra decena de personas por ese caso y el magistrado podrá tomar una decisión al respecto esta misma semana.

A principios de abril, Sánchez dimitió como presidente de Murcia, aunque sigue siendo el presidente del PP regional y mantiene su acta de diputado, por lo que está aforado y el TSJ es el único tribunal competente para investigarlo.