“No me da miedo fabricar urnas para la Generalitat”

El acuerdo marco que ultima la Generalitat para homologar las empresas que pueden fabricar las urnas para celebrar el referéndum de la independencia no quedará desierto. Al menos una empresa del sector ha anunciado a EL PAÍS su disposición de estudiar las condiciones económicas sin temor a las consecuencias legales que le puedan comportar.

"No me da miedo fabricar urnas para celebrar unas elecciones o lo que sea", ha asegurado este viernes un directivo de Plastic Express, una empresa dedicada a la fabricación de productos de metacrilato. "No veo que pueda haber ningún problema, porque estamos en una democracia. Lo que estudiaremos es qué tipo de urnas quieren y si las podemos fabricar o no", explica.

Esta empresa ya fue sondeada por la Generalitat con motivo de la consulta del 9 de noviembre de 2014 para la fabricación de urnas de metacrilato y llegó a presentar una oferta económica, aunque el Gobierno catalán la acabó descartando por el coste que tenía, superior a los 200.000 euros. Finalmente, las urnas de aquel proceso participativo fueron de cartón y se realizaron en los talleres de la prisión de Ponent (Lleida).

Una urna de cartón cuesta menos de dos euros y las que se emplearon entonces se elaboraron en una semana. Las ocho mil que se piensan utilizar para el referéndum tienen un coste por unidad que supera ligeramente los 35 euros. Fuentes de la Generalitat han explicado que el vicepresidente Oriol Junqueras tiene verdadera obsesión en que las urnas del referéndum sean de metacrilato, similares a las de unas elecciones, para reforzar la imagen de credibilidad.

Plastic Express, la empresa que podría acabar fabricando las urnas, es un proveedor de la Generalitat en otro tipo de encargos. Es una de las tres empresas que existen en España con capacidad para fabricar semejante cantidad de urnas en un corto período de tiempo, como parece que se exigirá cuando sean contratadas.

La publicación del acuerdo marco en el Diario Oficial de la Generalitat para la homologación de las empresas suministradoras de las urnas es el primer paso para allanar el camino. La decisión política trascendente será el acuerdo de contratación y queda por ver quien lo firma. Desde el departamento de Gobernación se asegura que no tiene porqué ser la consejera Meritxell Borràs, sino el gobierno de la Generalitat en pleno, con Carles Puigdemont al frente.