Un grupo de productores recurre la nueva ley de la coca en Bolivia
La norma, que aumenta la producción de 12.000 a 22.000 hectáreas, se enfrenta a una demanda por inconstitucionalidad
La ley que Bolivia aprobó el 8 de marzo para ampliar la producción legal de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas se enfrenta hoy a la resistencia de tres grupos: los productores de la hoja tradicionales, la oposición al Gobierno de Evo Morales y la cooperación internacional, preocupada por la señal que este aumento puede dar en la lucha contra la droga.
Los cocaleros de los Yungas, área cercana a La Paz en la que se planta coca desde tiempos precolombinos, acaban de pedir la inconstitucionalidad de la ley que le quitó a esta zona el privilegio exclusivo del cultivo y lo amplió al Chapare, región en la que la coca comenzó a plantarse tan solo en los años 70 del siglo XX y que posteriormente fue el escenario de la lucha contra la política de antinarcóticos del país, por la cual nació al movimiento político dirigido por Morales. Los analistas dudan de que el recurso de inconstitucionalidad, que cuenta con el apoyo de la oposición política, prospere en los tribunales.
El país tiene hoy 25.000 hectáreas de coca, repartidas entre los Yungas y en el Chapare, por lo que la aprobación de la ley no representará un incremento de la producción. Pero sí permitirá el acceso al mercado interno por parte de los cocaleros del Chapare, que hasta ahora no tenían autorización para vender en él. Puesto que este cambio de régimen comercial puede perjudicar a sus competidores de los Yungas, la ley tuvo que ofrecerles a estos varias compensaciones, que ellos aceptaron. Con eso se suponía que la ley había sellado un acuerdo entre las dos grandes facciones cocaleras, pero al final no fue así, como muestra el recurso de inconstitucionalidad.
El mercado legal está conformado por los consumidores que mastican la hoja para extraerle su alcaloide (compuesto orgánico nitrogenado). Un estudio de la Unión Europea ha calculado que para satisfacer esta práctica secular solo se necesita 14.300 hectáreas, lo que abre la posibilidad de un desvío al narcotráfico de la producción de unas 7.700 hectáreas que hoy son "legales". Según los representantes diplomáticos europeos en Bolivia, esta contradicción los obligará a reformular los términos de la ayuda contra las drogas que hasta ahora ha estado recibiendo el país.
