El pachá que corrompió la noche de Mallorca
Testigos denuncian la connivencia de la Policía Local con el dueño de las grandes discotecas de la isla
Machacar y llevar a la ruina a la competencia a través de presiones y denuncias sirviéndose de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, funcionarios de la inspección de trabajo y particulares que presentaban demandas falsas. Así es como el juez Manuel Penalva cree que el empresario mallorquín Bartolomé Cursach procedía para mantenerse en la cresta de la ola del negocio de las discotecas de Mallorca, Pachá entre ellas. El magistrado que investiga la presunta trama corrupta en la Policía Local de Palma decretó su ingreso en la cárcel ante el riesgo de que "atemorice" a los testigos o huya fuera del país dado su alto poder adquisitivo.
El empresario permanece en prisión preventiva desde el viernes pasado, acusado de 16 delitos entre los que se incluyen homicidio, corrupción de menores, extorsiones y amenazas. Para justificar su ingreso en prisión preventiva, el juez ha dictado un auto de 280 páginas en las que incluye la narración de numerosos testigos sobre la connivencia que existía entre el grupo del empresario, policías locales y funcionarios de distintos departamentos a los que presuntamente pagaba para que beneficiaran a sus empresas y "machacaran a la competencia" en un ejercicio de "extorsión sistemática" según el juez.
Penalva sitúa al empresario en la cumbre de una "organización criminal" que actuaba en clara connivencia con los agentes de la Policía Local de Palma para recibir preavisos de inspecciones en sus locales y acosar a los establecimientos de la competencia, a los que en ocasiones "machacaba para que no levantasen cabeza", según un testimonio incluido en el sumario.
Las investigaciones apuntan que el empresario se valía de Bartolomé Sbert, director general de sus empresas -director general de Ordenación Turística durante el Gobierno del PP de Gabriel Cañellas-, que era quien daba órdenes a los policías. "Era una especie de sheriff", dice uno de los testigos, quien señala que presumía de "tenerlo bien" con el alcalde para evitar la concesión de licencias para fiestas a los locales rivales.
"Sbert daba órdenes para que se parase a los autobuses que llevaban a la gente a los locales de la competencia", dice un empresario que ha declarado como testigo, en un relato incluido en el auto de prisión. El juez señala que el empresario tenía agentes "a sueldo": les pagaba en especie o con beneficios a la hora de disfrutar de sus establecimientos, como pases para su gimnasio o comidas en sus locales de restauración. Algunos testigos protegidos señalan que estos policías eran agasajados "con fiestas privadas en las que había cocaína, alcohol y mujeres, como en la discoteca Kiss, que fue cerrada para los policías que trabajaban para Cursach".
Los preavisos de inspección y la desaparición de las sanciones que se imponían a sus empresas han sido la tónica habitual, según han afirmado ante el juez algunos empresarios de la competencia y extrabajadores de Cursach. Un extremo que el grupo de blanqueo de la Policía Nacional ha plasmado en un informe. Solo el 12% de las sanciones que se le imponían eran tramitadas policialmente, y de las que entraban en el Ayuntamiento de Palma, solo un 8% generaban expedientes sancionadores, frente a empresas de la competencia, con tasas del 77%.
Los importes de las multas también eran menores, según la policía, ya que en 2014 apenas alcanzaron los 6.452 euros frente a los 184.282 euros en sanciones que le impusieron el año pasado, cuando se levantó el secreto de sumario de este caso que nace de la investigación de una presunta trama corrupta instalada en la Policía Municipal de Palma.
Discotecas importantes
El grupo Cursach cuenta en su currículum con las discotecas más importantes de la isla. Como la histórica Tito's, en el Paseo Marítimo de Palma, que, según algunos testigos, "jamás ha tenido inspecciones" y es "una trampa mortal". Un empresario que figura como testigo en la causa ha contado que incumple muchas medidas de seguridad, tiene las salidas de emergencia obstaculizadas y los avisos sonoros desconectados.
Otro de los establecimientos importantes en su cartera es Pachá, una discoteca con la que Cursach se hizo, según un testigo, tras "acosar a los anteriores dueños", que se vieron obligados a venderla a bajo precio. Durante 16 años Pachá en Palma no tuvo licencia de actividades, según dijo su anterior propietario ante el juez, hasta que Cursach se hizo con ella tras seguir el método que empleaba para conseguir las discotecas que podían hacer sombra a sus negocios y que consistía en ejercer "presión policial, política y administrativa". "La licencia que no se pudo conseguir en 16 años fue obtenida en tiempo récord, aproximadamente una semana" afirma expropietario.
La tercera gran discoteca en su poder es BCM -que responde a sus siglas Bartolomé Cursach Más-, una de las más grandes del mundo, situada en la turística localidad de Magaluf y frecuentada por un turismo sobre todo inglés. Los propietarios de locales de la zona aseguran que la discoteca también recibía chivatazos sobre las inspecciones y que el jefe de relaciones públicas del macro establecimiento amenazaba a los propietarios de los locales colindantes.
"No enfades a Tolo"
"Esto viene de lo más alto, no deberías haber enfadado a Tolo", le amenazó el relaciones públicas a un empresario de la zona, que denuncia que los trabajadores de Cursach han agredido a sus empleados, a los que también han coaccionado e insultado con la ausencia de intervención de la policía del municipio, a la que el testigo dice que llamó "con resultado infructuoso".
La vertiente más turbia del caso gira en torno al presunto tráfico de drogas, la corrupción de menores y el homicidio. Según un testigo, cuyo relató el juez incluye en el auto, el empresario "infecta a sus empleados y les facilita droga con la excusa de que les ayudará a aguantar mejor las jornadas de trabajo".
Un testigo protegido señala que el empresario "tenía matones a sueldo" y que sospechaba que "se había cargado" a un hombre que participaba en supuestas entregas de droga. Cursach hace frente a acusaciones que podrían conllevarle más de 20 años de prisión mientras permanece junto al director general de sus empresas, alejado de sus negocios y encerrado en la prisión de Palma.
