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200 familias bajo el riesgo de un alud de lodo

Una urbanización levantada en Arcos de la Frontera ha sido desalojada por sus vecinos

Dos vecinos, ante la enorme grieta entre sus casas en Arcos.Foto: atlas | Vídeo: J. C. TORO
Jesús A. Cañas

Urbanización de nueva construcción con vistas al monumento natural de la Peña de Arcos, zonas ajardinadas, plazas de garaje y buena conexión con el pueblo y el resto de la provincia de Cádiz. El reclamo no podía ser más apetitoso y, en plena burbuja inmobiliaria, no tardó en encontrar novios. A Francisco Marchante le pareció una buena inversión para los ahorros de toda una vida de trabajo y se compró un bajo por 105.000 euros en la última promoción.

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Desde finales de los años 90 hasta 2005, más de 200 familias se mudaron a la urbanización de La Verbena. Marchante fue uno de los últimos en llegar. Y también de los primeros en tenerse que marchar. En 2006 aparecieron las primeras grietas; en septiembre 2009, los técnicos del Ayuntamiento desalojaron su edificio. La inclinación de la promoción ponía en serio riesgo la integridad de Marchante, su mujer y otras 21 familias. Fueron los primeros damnificados de una ladera que se desliza bajo los pies de esta barriada de Arcos y atenaza a los 200 vecinos que aún viven allí, aterrorizados con la idea de que sus edificios sucumban ante los constantes corrimientos del subsuelo.

La Verbena ya no es tan idílica: hay grietas visibles en aceras y calzadas, calles cortadas y jardines abandonados. En la zona baja de la barriada, el paisaje lo domina la fase en la que Marchante vivía. Los cimientos se han hundido por los extremos y la junta de dilatación entre los dos edificios que componen la promoción ya supera el metro de distancia en la parte alta. Una alambrada la rodea ante su evidente estado de ruina, pero consiguió una llave: “Me dijeron que no podía entrar, ¿cómo no voy a poder pasar si esta es mi casa?”. En el interior de un salón tan escorado que produce mareos, señala grietas en las que cabe un puño, techos caídos y puertas desencajadas. “Eché el dinero de mi jubilación, mis ahorros, y mira ahora, todo está perdido. Te puedes imaginar mi mujer cómo está”, reconoce el gaditano, de 72 años.

Marchante vive en un piso de arrendado mientras se solventa su situación. “Hay quien está pagando a la vez la hipoteca y el alquiler de otra vivienda, el que se ha tenido que ir a vivir a casas de familiares. La situación es muy desesperada”, reconoce Germán Márquez, portavoz de los vecinos afectados y arquitecto técnico. Cada vez que llueve, las tierras arcillosas que componen la ladera donde está edificada la urbanización se deslizan y los edificios se hunden e inclinan. Márquez aún vive en la zona, aunque no sabe por cuánto tiempo. “Esto se nos puede ir de las manos en cualquier momento. Después de un invierno de lluvias como éste, yo me he hecho a la idea de que mi familia y yo tendremos que salir de aquí cualquier día”, reconoce, mientras señala los pilares del garaje de su edificio. Cuando la iluminación se apaga, se aprecia la luz que se cuela por una grieta que llega hasta la azotea.

Márquez tiene la sensación de que su desesperada situación es solo una muestra “de lo que es España”. Cuenta que, aunque en los años 60 “el entonces Ministerio de Vivienda descartó construir en la ladera por el riesgos que suponía”, en 1994 el Ayuntamiento de entonces, gobernado por el Partido Popular, calificó el suelo como urbanizable. No tardaron en aparecer promotoras interesadas en construir viviendas de renta libre. Todo el proceso fue aparentemente legal, “pero ni los seguros, ni los bancos, ni las promotoras quieren hacerse cargo”, relata el portavoz. De hecho, los 22 vecinos de la promoción desalojada ya han perdido dos juicios contra la promotora y el arquitecto que construyó sus viviendas.

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En primera instancia, el Juzgado 2 de Arcos determinó que los daños en su promoción no se debían a defectos constructivos o de cimentación, sino a unos deslizamientos en el terreno a 20 ó 30 metros de profundidad “difícilmente predecibles”. Sin embargo, la justicia también dejó claro que el Ayuntamiento nunca debió permitir la construcción del edificio en la ladera oeste de Arcos, una zona que ya había demostrado con anterioridad su inestabilidad. “Cometimos el error de ir solo contra la promotora, en vez de denunciar a todas las partes implicadas”, reconoce Marchante ante una vía judicial que ya consideran agotada. No ocurre así con el resto de vecinos que viven en la zona, que aún no descartan emprender nuevas medidas legales, como reconoce Márquez.

Dependerá de que las intenciones políticas se conviertan en hechos. El alcalde de la localidad, el socialista Isidoro Gambín prometió en su campaña de 2015 dar una solución a los vecinos de La Verbena. Ahora, Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz y Ayuntamiento se han comprometido verbalmente a financiar un proyecto de más de 5 millones para detener el avance de la ladera. Con esa inversión se realizarán inyecciones en el subsuelo que solidifiquen las arcillas en movimiento y se recuperará la estabilidad de la promoción desalojada. Ahora, falta el convenio que determine los porcentajes de financiación de cada Administración. “Sé que viven con una preocupación terrible, cuando llueve no duermen tranquilos”, explica el regidor.

Gambín dice que no quiere convertir el problema de los vecinos en un arma política arrojadiza, pero también aclara: “Todos conocemos en Arcos que era una zona con movimientos”. De hecho, La Verbena es la punta del iceberg de unos deslizamientos que afectan a una franja de un kilómetro del pueblo, donde existen edificaciones desde los años 60. Urbanizaciones como el Cerro de la Reina o Pueblos Blancos están también afectadas; en total, unas 900 familias. Sin embargo, sus viviendas no presentan un estado tan delicado como el de La Verbena.

Márquez recuerda cómo en 2012 la Junta de Andalucía ya invirtió más dos millones en detener el avance de la ladera. Lo hizo justo en la zona baja, cerca de la promoción más afectada. “Pero como no se siguió actuando, toda la ladera sigue deslizándose y empujando esa zona ya solidificada”, añade el arcense. A su lado, Antonio Gil, de 80 años, se une a la conversación. En 2006, invirtió todos sus ahorros para disfrutar de la jubilación en su pueblo, después de trabajar en Barcelona. Llegó justo el año en el que aparecieron las primeras grietas y ahora su casa “no vale ni un 40% de lo que costó”. “Todo está deteriorado, los garajes se inundan, mi casa está llena de grietas. Se me cae el cielo encima de pensar en lo que he invertido mi dinero”, añade Gil. El anciano tan solo espera que las últimas promesas políticas no se queden solo en eso: “La Verbena es como un enfermo en una mesa de operaciones. Si la operación se queda a medias, se muere. Sería una vergüenza que algo así ocurriese”.

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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

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