Bankia y el FROB pugnan por el dinero que se recupere de las tarjetas ‘black’

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que puso 22.424 millones de euros de dinero público para el rescate de Bankia, y la propia entidad bancaria pugnan por recuperar para sus arcas los 12,5 millones de euros gastados por los consejeros y directivos de Caja Madrid con las tarjetas black entre los años 2003 y 2012. Tanto el fondo de rescate como el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri, que ejercen la acusación particular en el juicio por las tarjetas, se han presentado como los principales perjudicados por el desfalco supuestamente perpetrado por 65 consejeros y directivos de la antigua caja madrileña durante las presidencias de Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

El abogado del FROB, Fernando Aizpún, ha defendido el derecho del organismo público de rescate a ser resarcido de forma “preferente” por el gasto ilícito de las tarjetas. Estos medios de pago estaban concebidos para sufragar gastos de representación, pero los miembros del Consejo de Administración –nombrados por los principales partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales– y del consejo de dirección las usaron para gastos personales, como restaurantes y hoteles de lujo, ropa, calzado, gasolina o viajes.

El derecho a la restitución de lo indebidamente dispuesto por los acusados forma parte del perímetro segregado a Bankia, y eso no es objeto de reclamación por parte de la Fundación Caja Madrid [entidad heredera de lo que fue la caja]. Existe una relación de causalidad directa entre el perjuicio causado al FROB con el ilícito penal”, ha sostenido el letrado del fondo de rescate.

Por su parte, Joaquín Burkhalter, abogado de Bankia repuso que el daño que está siendo objeto de juicio “es el resultado de un delito de apropiación indebida de un dinero que formaba parte del patrimonio de Caja Madrid”: “Sin estas imposiciones indebidas el patrimonio neto a traspasar a BFA/Bankia hubiera sido superior en 12 millones de euros y habría terminado en Bankia, que, por tanto, resultó perjudicada”, sostuvo. A la petición de Burkhalter se unió el letrado que representa a BFA, la entidad matriz de Bankia, formada por siete cajas de ahorros que se fusionaron para la creación del banco.

El representante legal del FROB insistió en la tesis planteada el pasado lunes por el fiscal Alejandro Luzón de que la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid y los estatutos de Caja Madrid impedían cualquier otro pago a los miembros de los órganos de gobierno que no fueran las dietas y las indemnizaciones por asistencia a las reuniones.

“Hay una objeción estatutaria infranqueable, y teñiría de ilicitud cualquier acuerdo de órganos de gobierno de la caja para permitir retribuciones superiores a las que son limitadas por la ley y los estatutos”. La mayoría de los 65 acusados han sostenido que las tarjetas black eran un complemento retributivo, por el que no tributaron a Hacienda.

Por su parte, el abogado Andrés Herzog, que representa a la Confederación Intersindical de Crédito, afirmó que las tarjetas black formaban parte de un "sistema de compra de voluntades, para pacificar el consejo de administración". Según el exportavoz nacional de UPyD, se trataba de "un sistema en el que es fundamental la aportación de los directivos”.