Una ONG revela el sistema secreto de castigos del PCCh
Al menos 11 sospechosos murieron entre 2010 y 2015 por las torturas durante los arrestos extrajudiciales
Confinamiento en solitario. Medidas para hacer que los detenidos pierdan la noción del tiempo. Temperaturas extremas. Privación del sueño, agua o comida; palizas y posturas forzosas durante horas. Son algunos de los métodos de tortura que se emplean en el shuanggui, el sistema de detención secreta que el Partido Comunista de China emplea contra sus miembros sospechosos de conducta irregular, generalmente corrupción, para obligarles a confesar.
Aunque la existencia del shuanggui (doble designación, en castellano) ya se conocía, ahora un informe de la organización Human Rights Watch presentado este martes en Hong Kong incluye por primera vez testimonios de primera mano de algunas de las víctimas. Todas denuncian torturas generalizadas en un sistema nacido en los años 90 y convertido ahora en herramienta principal de la campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping. Una herramienta que carece de base en el sistema legal chino pero que la Comisión Central para la Investigación de la Disciplina (CCDI), el brazo policial del Partido, puede usar contra cualquiera de los 88 millones de miembros del PCCh de los que sospeche.
El procedimiento comienza con una convocatoria al sospechoso para que acuda a un lugar designado a una hora designada. El individuo desaparece, sin que su familia o sus abogados reciban notificación alguna sobre su paradero o el cargo que se le imputa. Típicamente, quedará encerrado en habitaciones de hostales acondicionadas especialmente para evitar fugas o suicidios. Su aislamiento puede durar un periodo de tiempo indefinido. Días. Meses. En algunos casos, más de un año. Hasta que confiese.
“La habitación medía unos 9 metros cuadrados, todo estaba recubierto con caucho esponjoso; había un extractor de humos y una unidad de aire acondicionado. No había día ni noche porque las luces estaban encendidas todo el tiempo, no había ventanas. Excepto por las comidas, cuando más o menos me daba cuenta de la hora que era, no sabía si era de día o de noche”, explica uno de los detenidos, identificado como Ren Zhiqing (el informe adjudica nombres supuestos a las víctimas).
Varios denuncian palizas. Otros, que sus guardias tenían prohibido dirigirle la palabra. En varios casos denuncian haber sido obligados a mantener posturas forzadas durante horas: “soy una persona grande y me obligaron a sentarme en un taburete de plástico pequeño, viejo y cojo. Tenía que estar en la misma posición exacta que me exigían, a veces en solo un tercio de aquel taburete enano… Así estuve sentado durante 10 o 20 horas, hasta que las nalgas se me despellejaron y empezaron a supurar”, narra Lu Yicheng.
En este régimen de aislamiento y maltratos, cuenta Li Peng, funcionario de una comisión local de disciplina, la mayoría de los sospechosos acaba quebrándose en un plazo de tres a cinco días. “Entonces contestaban cualquier cosa que se les preguntaba, eran muy cooperativos. Los que soportaban más de una semana [ya] eran gente endurecida”.
Xi Jinping ha descrito la lucha contra la corrupción como una “cuestión de vida o muerte” para el Partido. También, apunta HRW, lo es el shuanggui para sus víctimas. Desde 2010 se han producido al menos 11 muertes entre detenidos en esa situación. En la mayoría de los casos, las autoridades declaran que se trata de suicidios, aunque los familiares sospechan torturas. No suele haber modo de comprobarlo. “La falta de investigaciones exhaustivas e imparciales en esas muertes acrecienta las sospechas”, señala la organización pro derechos humanos.
El académico Li Yongzhong, citado por el informe, calcula que el shuanggui se aplica de un 10 a un 20% de los casos de “violaciones de la disciplina” que se indagan. Dado que la CCDI investigó solo en 2015 330.000 casos, en los que fueron castigados 336.000 funcionarios, esta detención extrajudicial pudo haberse aplicado el año pasado a un número de entre 33.000 y 66.000 casos.
“El presidente Xi ha basado su campaña anticorrupción en un sistema de detención abusivo e ilegal”, denuncia la directora para China de HRW, Sophie Richardson. “Torturar a los sospechosos para que confiesen no conseguirá acabar con la corrupción, pero pondrá fin a la confianza en el sistema judicial de China”, sostiene.
El informe de 102 páginas, titulado “‘Medidas Especiales’: Detención y Tortura en el Sistema de Shuanggui del Partido Comunista de China”, se basa en 21 entrevistas con cuatro exdetenidos y familias de detenidos; 35 relatos de víctimas publicados en 200 informaciones de medios chinos, y 38 veredictos de tribunales de todo el país.
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