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La oposición de Venezuela trata de aplacar a sus bases tras el diálogo con el Gobierno

La MUD recibe duras críticas por el lenguaje empleado en el comunicado y por la falta de claridad sobre una salida electoral

Henrique Capriles, durante la rueda de prensa.Vídeo: FEDERICO PARRA AFP / EFE

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) está intentando convencer a sus seguidores de que los resultados obtenidos después de la segunda reunión con el Gobierno han sido satisfactorios en el objetivo de adelantar las elecciones presidenciales. Sin embargo, una parte de sus bases y de la opinión pública, un batiburrillo que incluye a reputados analistas del país y a ese magma informe con cierta influencia que se expresa a través de las redes sociales, parece tener una opinión contraria. El balance de lo pactado el sábado no es alentador, piensan, porque sus negociadores han cedido en asuntos clave que permitirán al presidente, Nicolás Maduro, sortear el escollo y permanecer en el cargo hasta enero de 2019.

Una de las principales críticas tiene que ver con el lenguaje del comunicado conjunto que se acordó después de la reunión. El empleo de la palabra “sabotaje” en relación al aspecto económico, consideran, se trata de aceptar la enunciación del chavismo, que siempre ha denunciado una guerra económica contra Venezuela. Además, en lo referente a la liberación de los presos políticos, una de las banderas con las que la oposición ganó las elecciones parlamentarias de diciembre del año pasado, se habla de “personas detenidas”.

Uno de los primeros en reaccionar ante las críticas fue el excandidato presidencial Henrique Capriles, líder de Primero Justicia (PJ), la formación mayoritaria entre la oposición. "La mesa es otro espacio de lucha, lo que quiere toda Venezuela aún no se ha logrado y es que se vaya esta plasta de Gobierno", escribió en su cuenta de Twitter poco después de la reunión. Este domingo instó a retomar "de inmediato la agenda de movilización popular en todo el país".

El mayor rechazo dentro de la MUD provino de Voluntad Popular (VP), la formación de Leopoldo López, que este lunes cumplirá 1.000 días presos. Pese a ser uno de los integrantes del llamado G-4 opositor, VP no ha participado en ninguna de las dos reuniones, porque consideran que no se dan las condiciones para la negociación. “El diálogo no resuelve la principal aspiración del pueblo venezolano: elegir un nuevo Gobierno ¿Dónde quedó el derecho a elegir de los venezolanos que originó el diálogo? ¿Dónde está la solución a este problema?”, se preguntaban varios líderes de VP este domingo en un acto para denunciar la situación de su líder. En esta misma línea de se mostró Vente Venezuela, la organización de la exdiputada María Corina Machado: “Se desmovilizó al país democrático cuando exigía en las calles su derecho a lograr el cambio político este año”. Pese a todo, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, del excandidato Henrique Capriles, las tres formaciones opositoras que acudieron al diálogo, siguen aglutinando el mayor número de votos en la oposición.

Entre los acuerdos alcanzados, uno de los más criticados es el que apunta a “superar la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia”. Aún no está claro cómo va desarrollarse ese compromiso, que será supervisado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los mediadores en este proceso, que después de esta segunda reunión ha adquirido mayor responsabilidad en el diálogo. Todo parece indicar que, en primer lugar, las partes nombrarán por consenso a dos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, cuyos períodos vencen a principios de diciembre. Luego, con una nueva terna, se repetirían las elecciones parlamentarias en el Estado de Amazonas, en el sur selvático de Venezuela, que aporta tres escaños al Parlamento nacional, todos ganados por la oposición en diciembre.

Los detractores de los primeros acuerdos consideran que la MUD ha entregado esos tres asientos plegándose a la narrativa oficial del chavismo, que denunció un fraude a partir de escuchas telefónicas ilegales presentadas en un programa de televisión del canal del Estado. Esa denuncia llevó al Supremo en enero a suspender su incorporación a la plenaria mientras se dirimía en tribunales qué había ocurrido. La decisión judicial luego fue desconocida por la oposición cuando decidió incorporar a los tres diputados, lo que provocó la declaratoria de desacato. Con esas tres curules la oposición, que controla el Parlamento, sumaría 112 diputados y obtendría mayoría calificada para nombrar a los integrantes del CNE entre una terna de postulados. Como el chavismo no había presentado candidatos la ocasión parecía inmejorable para que la MUD colocara a sus fichas, pasara a controlar el poder electoral y garantizar la celebración de elecciones en los lapsos previstos por la Constitución.

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En la mañana del domingo el secretario general de la MUD, Jesús Torrealba, ha justificado esa decisión en un artículo colgado en la página web de la alianza: “Hay que resolver el tema Amazonas para sacar a la Asamblea Nacional del supuesto desacato; hay que superar esa inhabilitación del Parlamento para poder reconfigurar el CNE; hay que reestructurar el CNE para poder tener elecciones”, afirmó. La decisión alcanzada en la mesa, desde ese punto de vista, supondría remover del camino el obstáculo que impedía el funcionamiento a pleno del Parlamento.

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