Bruselas quitará ayudas a los países que no frenen a los migrantes

Las muertes de migrantes a las puertas de Europa no cesan. Y los acuerdos suscritos con terceros países para frenar las salidas no dan los frutos esperados. Para tratar de revertir la situación, la Comisión Europea propone usar por primera vez lo que denomina “incentivos negativos” hacia esos países. Se trata de limitar ayudas, ventajas comerciales u otros beneficios a quienes no contengan los flujos, según la propuesta que presentará hoy el Ejecutivo comunitario y que incluye inversiones de hasta 62.000 millones de euros para países en dificultades.

La situación al sur de Europa se deteriora cada día. Libia acoge hoy a más de 230.000 migrantes. De ellos, “decenas de miles buscan maneras de entrar en la UE”, revela el documento que hoy se presentará al Parlamento Europeo y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Ante esa situación, Europa debería “estar preparada para dar más apoyo a los países que hagan los mayores esfuerzos, pero sin evitar los incentivos negativos”. Consciente de que la presión no va a remitir en muchos años, Bruselas quiere situar la migración en el centro de todos los pactos que se firmen o se hayan firmado ya con países terceros.

El Ejecutivo comunitario espera extender este marco al máximo número posible de Estados, con la prioridad puesta en Jordania, Líbano y Túnez. En el caso de los dos primeros, se trata de países que acogen principalmente a refugiados sirios. Les siguen Níger, Nigeria (en cuyo norte opera la secta islamista radical Boko Haram), Senegal, Malí y Etiopía, entre los más destacados. Pero el principal problema es Libia, Estado fallido del que parten ahora la inmensa mayoría de las barcazas con destino a la UE.

La propuesta anima a no dejar ninguna política —incluidas las de investigación, energía, cambio climático...— fuera de este nuevo enfoque. Y cita el comercio, hasta ahora ligado a otros criterios, como uno de los capítulos que deben vincularse a los compromisos migratorios. El documento alude expresamente a los acuerdos preferenciales que suscribe la UE con países en desarrollo y que dependen de valores como el respeto a los derechos humanos y laborales o el desarrollo sostenible. Expertos comunitarios subrayan que puede ser ilegal condicionar esas ventajas comerciales al freno a la migración.

El documento insta a “aumentar la coherencia entre las políticas de migración y desarrollo”, de forma que se favorezca la contención de flujos y también la readmisión de migrantes originarios de esos territorios o que hayan transitado por allí hasta llegar a Europa. La idea es “premiar a aquellos países que cumplan con su obligación internacional de readmitir a sus propios ciudadanos”, pero también “debe haber consecuencias para aquellos que rehúsen cooperar en readmisión y retorno”. 

Con esta iniciativa, Bruselas se adentra en un terreno desconocido. Algunos países, entre ellos Alemania, llevaban tiempo tratando de vincular las políticas de cooperación con las de migración, pero había prevalecido la idea de ceñirse a incentivos positivos para lograr la colaboración de países terceros. Ese fue el esquema que utilizó España en 2006 al suscribir acuerdos con Senegal, Mauritania y Nigeria, entre otros, para que contribuyeran a contener a los migrantes a cambio de recibir distintas ayudas.

Fondo de inversión

Pese a todo, tanto la Comisión como los Estados saben que la única manera de lograr a largo plazo que se suavicen las llegadas hacia Europa es aumentar la financiación a países en dificultades. De hecho, la propuesta prevé destinar 8.000 millones de euros hasta 2020 para la firma de estos acuerdos migratorios. Tras reducir muy sustancialmente la cooperación al desarrollo durante los años de crisis, los países europeos tienen ahora el reto de canalizar fondos hacia el vecindario del sur, con África como el territorio más inestable.

Para lograrlo, Bruselas esboza una fórmula que detallará en otoño. Consiste en replicar en el sur el llamado plan Juncker de inversiones para revitalizar Europa. El esquema es idéntico: los poderes públicos aportan una cantidad de dinero limitada que sirva como palanca para atraer inversión privada. La Comisión propone destinar 3.100 millones de fondos comunitarios y espera que los países miembros provean una cantidad similar para llegar a movilizar 62.000 millones de inversión hacia esos países hasta 2020.

Hasta ahora los Estados se han centrado en la urgencia del pacto con Turquía para frenar a los extranjeros que llegaban por el Egeo y apenas han aportado 80 millones de euros al fondo África creado en noviembre pasado, que debían nutrir con 1.800 millones.