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La CUP pide a la Generalitat que se retire de las causas contra activistas

La formación critica que el Gobierno pida penas mayores que el Fiscal por el caso Can Vies

Àngels Piñol

La CUP se ha sumado este martes a una campaña para denunciar que la Generalitat está personada en diferentes causas contra activistas sociales y ha reclamado que desista de ejercer esa acusación. Tras una pancarta con el lema El Estado acusa, la Generalitat se ensaña, los representantes de la campaña y la diputada de la CUP Anna Gabriel han denunciado que el Gobierno catalán está personado contra un centenar de activistas involucrados en incidentes como los de las protestas contra la línea a Muy Alta Tensión, en las huelgas generales o en la visita de Artur Mas a la Universidad de Girona. En el caso de Can Vies, los abogados de la Generalitat piden penas más altas que el Fiscal.

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Ante la presencia de varios de sus compañeros del grupo parlamentario, Anna Gabriel ha explicado que desde hace ocho meses están insistiendo al Ejecutivo catalán que se retire de esas causas. "La situación social nos empuja a la protesta porque solo tenemos nuestras manos como capital. No podemos concebir lo que está haciendo la Generalitat", ha señalado la diputada, que ha remachado: "Hay que dar voz y apoyo a las personas que sí apoyan las estructuras de Estado". Iván Fajardo, uno de los promotores de la campaña, ha lamentado la "beligerancia" del Gobierno catalán contra cientos de esos activistas en contraste con "la permisividad" con casos de corrupción de "alto voltaje" como los casos Millet, Pujol, Benítez o el de Ester Quintana.

Los responsables de la campaña han señalado que uno de los casos más paradigmáticos es el que llevará a juicio el día 31 a cuatro activistas acusados por los incidentes de Can Vies que se saldaron con el lanzamiento de una piedra contra un agente y daños. La formación anticapìtalista impuso como condición para investir a Carles Puigdemont que se retiraran de la causa pero no ha sido así. La abogada Anaïs Franquesa ha deplorado que la Generalitat solicita, en sus conclusiones provisionales, para cada uno de los encausados, a los que considera coautores, siete años de prisión: cuatro por un delito de atentado con un medio peligroso; año y medio por desordenes públicos y otro año y medio por un  delito continuado de daños. En su informe provisional, el Fiscal reclama una petición menor: tres años para quien identifica como el autor de la agresión y año y medio para el resto. "La Fiscalía ya actúa de oficio. La Generalitat no tendría por tanto que duplicar un gasto que para nosotros es sádico o psicópata", ha señalado la parlamentaria.

El acto, al que han dado también apoyo miembros del sindicato CGT, se ha celebrado minutos antes de que se presentaran en el Parlament el proyecto de los Presupuestos y Gabriel no ha querido expresamente fijar la retirada de las causas a una condición irrenunciable para apoyar las cuentas. "No generaré un titular falaz sobre eso. Hace ocho meses", ha insistido en alusión al momento en que se inició la legislatura, "que estamos trabajando para eso y para que no se persone en más tipos de casos. Si trabajamos para una nueva república hay que dar un giro profundo en la cultura de este país. La Administración no puede generar un sistema que defienda a los privados".

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